El Decreto Supremo 5683 eleva hasta los Bs 2.000 millones el techo de recursos que el TGN puede transferir a YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importación y el precio interno
En medio de una fuerte crisis energética el Gobierno decidió poner más recursos públicos detrás del precio de los combustibles. El Decreto Supremo 5683 eleva de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto máximo que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importar carburantes y el precio interno.
La medida llega mientras Bolivia continúa enfrentando problemas de abastecimiento de diésel y gasolina, con filas en estaciones de servicio y reclamos de sectores que dependen del combustible para producir y transportar.
El decreto no implica que el Estado haya desembolsado ya los Bs 2.000 millones. Sino que duplica el techo autorizado para este mecanismo, que podrá utilizarse de acuerdo con la disponibilidad financiera del TGN. La norma señala que los recursos tienen como objetivo cubrir el diferencial de los combustibles importados, garantizar el abastecimiento y mantener las medidas de estabilización de precios.
Más recursos para sostener el precio
La decisión supone que el Estado tendrá mayor capacidad para cubrir una parte del costo que YPFB enfrenta al importar combustibles.
La ecuación es sencilla: Bolivia compra carburantes en el exterior, pero los comercializa internamente bajo un esquema de precios regulados. Cuando el costo de reposición es superior al precio interno, se genera una diferencia que debe ser cubierta.
El nuevo decreto amplía precisamente el margen para cubrir esa brecha.
En términos formales, no se trata de una restitución de la antigua subvención mediante una nueva norma general de subvención. Pero el efecto económico es claro: el Estado aumenta los recursos disponibles para evitar que el mayor costo de importación sea trasladado completamente al consumidor.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, reconoció recientemente que para la estatal resulta insostenible asumir por sí sola el costo de la subvención que todavía se mantiene y señaló que las transferencias del TGN han contribuido a mejorar el abastecimiento.
El problema sigue en las calles
La ampliación del respaldo financiero ocurre, sin embargo, cuando la crisis de combustibles todavía genera reclamos.
Las filas en los surtidores persisten y los sectores productivos sostienen que el problema no se limita al precio, sino también a la disponibilidad del diésel.
En Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó el esquema establecido por el DS 5676, que fija un precio referencial de Bs 18 por litro para determinados grandes consumidores y usuarios directos.
El sector sostiene que el límite de consumo de 120 litros mensuales establecido para acceder al precio regulado de Bs 9,80 resulta insuficiente para cualquier unidad productiva y exige que el Gobierno abrogue la medida. La CAO dio plazo hasta el domingo y advirtió que, si no obtiene una respuesta, acudirá al Comité pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad.
Los productores también cuestionan que el incremento del costo del diésel pueda trasladarse a la estructura de costos agrícolas. Según la CAO, el combustible pasó a representar una proporción mucho mayor de los costos de producción, especialmente para quienes deben contratar maquinaria y servicios.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) también rechazó este decreto y sostuvo que la medida afecta al productor sin resolver el problema de abastecimiento. La organización reportó además que productores llegan a adquirir diésel en el mercado informal a precios de entre Bs 15 y Bs 18 por litro.
Dos decretos, dos objetivos
En este escenario, el DS 5683 debe analizarse junto con el DS 5676.
El primero amplía el respaldo financiero del Estado a YPFB para cubrir el diferencial del combustible importado.
El segundo busca reducir la carga fiscal de YPFB haciendo que determinados grandes consumidores paguen un precio referencial de Bs 18 por litro. El propio decreto 5676 establece como finalidad disminuir la carga fiscal asociada al costo de las importaciones de combustibles.
Es decir, el Gobierno está utilizando dos mecanismos al mismo tiempo: destina más recursos públicos para sostener el esquema de precios y, paralelamente, intenta trasladar una mayor parte del costo a determinados consumidores.
Esa combinación explica parte de la disputa actual con el sector productivo.
El costo de la crisis cambia de lugar
El aumento del techo de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones no resuelve por sí mismo el problema de abastecimiento.
YPFB todavía necesita importar combustible, conseguir las divisas para pagarlo, contratar proveedores, trasladar los carburantes hasta Bolivia y distribuirlos internamente.
Por eso, disponer de más recursos fiscales puede darle oxígeno financiero a la empresa estatal, pero no garantiza por sí solo que desaparezcan las filas ni que el diésel llegue oportunamente al productor.
La crisis tiene además un componente cambiario. El combustible importado se paga en dólares, de modo que el costo para Bolivia está determinado no solo por el precio internacional, sino también por el costo de conseguir las divisas.
Mientras esa estructura no cambie, el diferencial puede seguir generándose.
¿Cuánto terminará pagando el Estado
El dato más importante del nuevo decreto no es solamente que el monto pase a Bs 2.000 millones. Es determinar cuánto de ese techo será efectivamente utilizado.
El primer límite era de Bs 1.000 millones. Ahora el Gobierno autoriza hasta el doble.
La pregunta que queda abierta es cuánto de los primeros Bs 1.000 millones ya fue utilizado por YPFB, cuánto requiere la empresa cada mes para cubrir el diferencial y cuánto podría terminar desembolsando el TGN hasta el final del periodo establecido.
Porque mientras los productores reclaman por la falta y el costo del diésel, el Estado está ampliando los recursos destinados a sostener el esquema de precios.
La crisis, por ahora, no desaparece. Una parte de su costo simplemente pasa a las cuentas públicas.
Fuente/eldeber.com.bo
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