Narcotráfico: “Fiscalía de Tarija ocultó alerta roja de Interpol y liberó a ciudadano boliviano con solicitud de extradición en Argentina».

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el 21 de julio de 2022 una “notificación roja” contra el ciudadano boliviano J.H.C.G., declarado prófugo y buscado para enfrentar un proceso penal, de acuerdo con el expediente 2022/44909 del país solicitante, la República Argentina.

Según los antecedentes policiales y judiciales del vecino país, el requerido cuenta con una orden de detención judicial por el “transporte de estupefacientes”, un delito penal agravado tipificado en la Ley Federal N.° 23.737.

Captura y desatención de la alerta internacional

El ciudadano boliviano, oriundo del municipio de Bermejo, ya era rastreado por las autoridades nacionales. En abril del presente año, la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UPOMAR) logró su aprehensión, y el caso fue remitido al Ministerio Público.

En esa instancia, el fiscal de materia con asiento en Bermejo, Alfredo Junnior Subia Ruiz, dispuso el inicio de un proceso investigativo de oficio en contra de J.H.C.G., con cédula de identidad 5808158 TJ, y de posibles coautores por el delito de “legitimación de ganancias ilícitas”. La investigación se abrió a partir de información procesada que indicaba que en un domicilio particular de la calle, Avenida Bolivar entre La Paz y Argentina, barrio aeropuerto, se realizaban actividades ilícitas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Posteriormente, el expediente llegó al despacho de la abogada Paola Amparo Gómez Carrasco, fiscal de materia asignada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Medio Ambiente, con asiento en Tarija. Sin embargo, el caso fue rechazado, el sospechoso puesto en libertad y la determinación comunicada al Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo.

Lo que llama la atención dentro del proceso penal —seguido de oficio por el Ministerio Público contra J.H.C.G. por la supuesta comisión de legitimación de ganancias ilícitas (previsto y sancionado por el artículo 185 Bis del Código Penal)— es que nunca se puso a conocimiento de la autoridad judicial que el investigado tenía una notificación roja de Interpol solicitada por Argentina por el delito de transporte de estupefacientes.

Además una fuente confiable desde el ministerio publico reveló, que el ciudadano buscado por la justicia Argentina y Boliviana, es parte de una supuesta banda dedicada al tráfico de drogas, y que está conformada por Alvaro C., Ariel S., Juan D. y un ciudadano extranjero de nacionalidad Colombiana conocido como «Alias el Tuca».

Errores formales y antecedentes de la fiscal

Otro dato no menor que pasó desapercibido ante las autoridades judiciales y el propio Ministerio Público es que la fiscal a cargo de la investigación, Paola Amparo Gómez Carrasco, firmó la resolución de rechazo (CUD: 602202032600216) como si el asiento regional correspondía al departamento de Beni y no a Tarija.

La funcionaria del Ministerio Público se desempeñaba en gestiones pasadas como fiscal de Sustancias Controladas en Beni. Posteriormente, estuvo a cargo de casos de alta repercusión pública, como el de Misael Nallar Viveros —acusado por tráfico de sustancias controladas y señalado como el principal implicado en el triple asesinato de policías en el municipio de Porongo (Santa Cruz)—, además de liderar operativos y el secuestro de aeronaves en pistas clandestinas (particularmente en San Ignacio de Moxos), donde se incautaron cientos de kilos de cocaína.

Ya en sus funciones como fiscal de materia en sustancias controladas en el departamento de Tarija, en febrero de este año estuvo a cargo de la investigación del “Caso Autosur”, un proceso por una supuesta estafa millonaria de 8 millones de bolivianos en la compraventa de vehículos que afectó a 20 familias. No obstante, el pasado 13 de octubre dicho caso también fue rechazado por la fiscalía tarijeña, y la denuncia sobre estas irregularidades fue remitida al departamento de Santa Cruz, por tener otros vínculos similares con otros supuestos involucrados en dicho caso.

Finalmente, fuentes vinculadas al caso señalan que la fiscal Gómez Carrasco era uno de los brazos derechos del ex fiscal departamental José Ernesto Mogro Palacios y del ex fiscal general del Estado Roger Mariaca Montenegro.

Redacción