Tarija: Petrobras entra a Tariquía y procesa a 17 comunarios

La Fiscalía citó a declarar en 24 horas a defensores de Tariquía bajo cargos de asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo. Los denunciados enfrentan posibles mandamientos de aprehensión

Según relataron los pobladores, un convoy de al menos 13 vehículos, escoltado por aproximadamente 40 efectivos policiales, avanzó hasta el campamento del proyecto petrolero de Petrobras, generando rechazo no solo en las comunidades directamente afectadas, sino también en distintos sectores de la ciudad de Tarija, donde persiste la oposición al ingreso de actividades extractivas en la zona protegida.

La activista ambiental y defensora de Tariquía, Nelly Coca, lamentó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz haya recurrido a la fuerza pública para romper la vigilia comunal y abrir paso a la empresa petrolera.

“Pensábamos que con este gobierno iba a haber un cambio para nosotros, teníamos la esperanza de que iban a respetar Tariquía. Él (Rodrigo Paz) cuando era senador ha ido a mi casa, hemos firmado un acta que dice que no va dejar entrar a las petroleras, que va a defender la reserva, sin embargo, es el primero en enviar a la fuerza pública para que nos retengan y pasen por encima de nosotros”, dijo.

Procesos contra 17 comunarios

Después del ingreso policial, el conflicto escaló al plano judicial. Los comunarios denunciaron una persecución penal tras ser notificados con un requerimiento fiscal que involucra a 17 personas, citadas a declarar en un plazo de 24 horas.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, provincia O’Connor, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien actúa como asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A. y también en representación de YPFB.

Los sindicados son: Ramiro Rodrigo Altamirano Garay, Ruperto Gudiño Jiménez, Aly Albino Mercado Jiménez, Luis Fanor Hoyos Choque, Feliz Choque Vega, Omar Guitián Romero, Mery Vilte Vega, Elizabeth Estrada Choque, José Andrés Miranda Rojas, María Nelly Coca Flores, Rodolfo Garay, Juanita Martina Mercado, María Guerrero, Andrea Giron Guerrero, Barbarita Meza Valdez, Vidal Jiménez y Daniel Farfán Tejerina.

La fiscal de materia Andrea Roymant emitió un Requerimiento Fiscal de Directriz Inicial, instruyendo a la Policía notificar y citar a los sindicados bajo advertencia de emitir mandamiento de aprehensión en caso de incomparecencia. Además, ordenó la recolección de evidencias, registro del lugar de los hechos y la recepción de declaraciones testimoniales.

Petrobras dice tener permisos en regla

A través de un pronunciamiento oficial, Petrobras Bolivia afirmó que el proyecto DMO-X3 cuenta con todas las autorizaciones legales, incluyendo licencia ambiental otorgada en julio de 2025, tras un proceso de consulta pública y la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

La empresa sostuvo que el pozo se encuentra fuera de la Reserva de Tariquía y que el contrato de servicios petroleros con YPFB fue aprobado por ley. Asimismo, denunció la vulneración de sus derechos al libre tránsito y al trabajo, motivo por el cual acudió a instancias legales.

Reacción social en Tarija

En respuesta a los hechos, activistas ambientales, organizaciones sociales y ciudadanos convocaron a una reunión de emergencia en puertas del Comité Cívico de Tarija, con el objetivo de articular acciones de apoyo, solidaridad y resistencia pacífica en defensa de la reserva.

Paralelamente, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, anunció la realización de un foro informativo que reunirá a comunarios, activistas, autoridades del Gobierno y representantes de Petrobras, con el fin de transparentar la información del proyecto y buscar consensos. también confirmó que se solicitó la presencia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien comprometió su asistencia para el lunes 12 de enero, en un encuentro previsto en el Patio del Cabildo.

Fuente/elpais.bo